- La defensa del líder de la CTM en Quintana Roo, Isidro Santamaría Casanova, recusó a la jueza de control Landy Rosalía Pamplona Pérez y solicitó formalmente que sea apartada del conocimiento de la causa penal que se sigue en su contra por el presunto delito de trata de personas.
Los abogados defensores argumentan que la juzgadora no ha garantizado la objetividad e imparcialidad que exige la Constitución y que sus decisiones han afectado el debido proceso, particularmente por los reiterados diferimientos de las audiencias.
La recusación surge después de la audiencia celebrada el pasado 18 de mayo, en la que, según la defensa, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) manifestaron no haber recibido una notificación electrónica relacionada con el ofrecimiento de pruebas y solicitaron tiempo adicional para su presentación.
De acuerdo con los abogados, la Fiscalía pidió una prórroga de siete días; sin embargo, la audiencia fue diferida por la jueza hasta el próximo 5 de octubre, lo que representa un aplazamiento de casi cinco meses.
La defensa sostiene que este no es un hecho aislado, sino parte de una serie de diferimientos que se han acumulado durante el desarrollo del proceso penal, algunos de ellos de cuatro, cinco e incluso seis meses.
Los abogados consideran que tales aplazamientos vulneran el derecho de su representado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y contravienen el principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, afirman que, a siete años del inicio de la investigación, la Fiscalía no ha logrado presentar en audiencia a las presuntas víctimas para que ratifiquen los hechos denunciados ni ha desahogado los elementos probatorios que sustenten la acusación.
Por ello, la defensa considera que existe una duda razonable sobre la imparcialidad con la que la jueza y sus antecesores se han conducido el procedimiento y sostiene que la continuidad de la juzgadora en el caso compromete la apariencia de objetividad que debe regir toda actuación judicial.
La recusación es una figura jurídica prevista para solicitar la separación de un juez cuando una de las partes considera que existen circunstancias que pueden afectar su imparcialidad o generar una duda razonable sobre su objetividad.
Los abogados de Santamaría Casanova sostienen que la prolongación del procedimiento ha favorecido sistemáticamente a la parte acusadora y que el proceso se ha extendido por más de siete años sin que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
Será la autoridad competente la que determine si existen elementos suficientes para admitir la recusación y resolver si la jueza Landy Rosalía Pamplona Pérez debe continuar o no al frente del caso.
