El cerco legal se estrecha cada vez más contra la ex alcaldesa de Playa Del Carmen, Laura Beristain Navarrete luego de que no pudo revertir el auto de vinculación a proceso que enfrenta por abuso de autoridad y que de ser sancionada sería la primera morenista acusada por hechos de corrupción; con ella caería su primer círculo de colaboradores incluyendo a su hermano.
PLAYA DEL CARMEN | La exalcaldesa morenista de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, quedó vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la contratista Redesol, por lo que durante el tiempo que dure el juicio debe presentarse al juzgado a firmar cada 15 días, además de que se le prohibió salir del estado.
La vinculación a proceso se le dictó en una audiencia judicial por vía remota a la que la imputada no se conectó, con este acto, en el primer círculo de la gobernadora Mara Lezama, transcendió que la neomorenista “esta dejando que la Justicia haga lo suyo, que ya cumplió con el reparto de cuotas de poder, la impartición de Justicia será su aliada para quitarse del camino a sus aliados políticos y colocar a sus allegados y amigos”, tal es el caso de la familia Beristain y sus funcionarios involucrados en el brutal saqueo de Solidaridad.
Este proceso judicial con el que se inicia el cerco contra Laura, derivó de una demanda que entabló en su contra la empresa Redesol por la cancelación arbitraria del contrato de concesión del servicio de recolección de basura, sin pasar por la aprobación del cabildo.
La justicia federal negó un amparo a la ex presidente municipal, Laura Beristain Navarrete; con ello quedó sin efecto la suspensión definitiva que le beneficiaba contra un auto de vinculación a proceso y una orden de arraigo por el delito de abuso de autoridad.
El Juzgado Noveno de Distrito, del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, con sede en Cancún, sentenció el pasado 20 de diciembre la negativa de otorgamiento de amparo, cuya demanda fue promovida por la ahora regidora, en abril de 2022.
De acuerdo con el expediente 451/2022 de amparo indirecto, la sentencia quedó firme este jueves luego que Beristain Navarrete no impugnó la decisión del juez federal.
“La Justicia de la Unión no ampara ni protege”, se lee de manera contundente en el auto de sentencia del pasado 20 de diciembre sobre la demanda que presentó la quejosa.
A su vez, en otro nuevo auto dictado por el Juzgado Federal se informó que Beristain Navarrete no impugnó el resolutivo dentro del plazo de 10 días que tenía como derecho, de acuerdo con la Ley de Amparo.
De acuerdo con los antecedentes de este caso que data desde hace casi una década, luego de que otros gobiernos no reinstalaron al particular para recolectar la basura en la zona turística y, tras un juicio de carácter contencioso administrativo, durante el trienio que encabezó Beristain Navarrete, el Poder Judicial ordenó que se le reinstalara.
Sin embargo, el particular alegó que nunca ocurrió y denunció a la ex presidente por el delito de abuso de autoridad, proceso que deberá seguir, pues desacató una orden judicial.
Para la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, la ex funcionaria se extralimitó en sus funciones porque debió tomar en cuenta al Ayuntamiento, al ser el único que cuenta con facultades legales para suscribir el contrato.
Todas estas medidas cautelares de las que venía gozando la ex alcaldesa (quien gobernó de 2018 a 2021) se derrumbaron con la reciente resolución del juez federal la cual desde luego ya fue impugnada por la actual Décima Regidora del Cabildo de Solidaridad, quien con ello consigue algo de oxígeno artificial para alargar no por mucho este proceso.
Además de esta denuncia, Beristain tiene abierto otro frente, su sustituta quien la derrotó en sus pretensiones de reelegirse, la panista Lili Campos Miranda desde hace un año inició los procedimientos legales para el congelamiento de las cuentas bancarias de ex servidores públicos, por un presunto quebranto patrimonial de 335 millones de pesos.
Sobre estos hechos el área jurídica del Ayuntamiento presentó al menos cuatro denuncias ante instancias federales, por presuntos delitos de peculado, actos de corrupción y posible asociación delictuosa por 14 millones de pesos (mdp). Igualmente, otras tres querellas por la contratación irregular, sin sustento ni justificación alguna, de un despacho jurídico por 34 mdp, la compra de útiles escolares por 10 mdp y la adquisición de material eléctrico por otros 32 mdp.
Por si todo eso no fuera suficiente, la administración municipal que encabezó Laura Beristain ha sido señalada como presunta responsable de irregularidades en la Cuenta Pública 2020 y el pago de 500 mdp por concepto de indemnizaciones a empleados públicos.
El cerco judicial se estrecha contra Laura Beristain y sus funcionarios, Mara Lezama se lava las manos y todos los quintanarroense recuerdan las palabras de la gobernadora en su toma de protesta el 25 de septiembre de 2022, donde dejó en claro que no va a tolerar abusos y escándalos de sus funcionarios, “no voy a tolerar actos de prepotencia contra el pueblo, desorden y apatía”, el que avisa no traiciona, enfatizó y “nada por encima de la ley” remarcó. PRIMERA PARTE
