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Liberado en EE. UU. tras 41 años en el corredor de la muerte

  • Douglas Carter, de 71 años, fue condenado por asesinato, pero su ADN no coincide con evidencias del crimen y confesó bajo coacción, informó su defensa. Dos testigos localizados en México fueron clave para su liberación.

Douglas Carter fue condenado a muerte en 1985 tras ser declarado culpable del asesinato de Eva Olesen, tía del entonces jefe de policía de Provo, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Fue condenado a muerte nuevamente después de un segundo juicio en 1992.

Ahora, un juez ordenó que fuera puesto en libertad bajo fianza a última hora del lunes (28.09.2026) mientras espera un nuevo juicio, a pesar de las objeciones de la familia de la víctima.

Defensa alega confesión bajo coacción de la policía

La versión presentada por la acusación era la de un robo que salió mal. Carter, un hombre negro, fue implicado por dos testigos y firmó una confesión. Pero él ha sostenido que es inocente y que firmó su confesión bajo coacción de la policía.

Su defensa afirma que las pruebas físicas y las declaraciones de testigos indicaban que un hombre blanco asesinó a Olesen. “El Estado le robó 41 años de su vida y lo sometió a los horrores del corredor de la muerte durante más de 40 años, pero esta noche por fin está en casa”, declaró el abogado de Carter, Neal Hamilton, en un comunicado a la AFP. “Es un gran día”, dijo.

El año pasado, la Corte Suprema de Utah ordenó un nuevo juicio, citando “graves faltas” por parte de los investigadores. Ahora, Carter deberá llevar un dispositivo de monitoreo GPS mientras lo espera.

Dos testigos claves localizados en México

Ninguna prueba física vinculaba a Carter con la escena del crimen y su condena se basó en su confesión y en las declaraciones de dos testigos, Epifanio Tovar y su esposa Lucía, que afirmaron que él se había jactado de haber matado a Olesen, quien era blanca.

En 2011, localizados en México, los Tovar dijeron que habían recibido la orden de mentir en el tribunal y que la policía les había pagado facturas de alquiler, teléfono y otros servicios. También afirmaron que la policía los había amenazado a ellos y a su hijo con la deportación.

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