- Solicitan empresarios y sociedad civil intervención de la gobernadora Mara Lezama.
- Advierten amparos e intervención de la CNDH, temen corrupción y afectación a turistas.
CANCÚN, Q. ROO, 13 de Julio.- Cámaras empresariales y sociedad civil cerraron filas este jueves en contra de la iniciativa legislativa que criminaliza el consumo de alcohol en Quintana Roo, al advertir que derivaría en actos de corrupción y violaría incluso los derechos humanos de habitantes y turistas, por lo cual pidieron la intervención de la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinoza, para revisar el tema.
En conferencia de prensa, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), Eduardo Martínez González; de la Canirac Quintana Roo, José Julio Villarreal Zapata; el vicepresidente de la Coparmex Quintana Roo, Daniel Gelleher, y el coordinador del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, anticiparon que el tema derivaría en amparos y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En nombre del presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, Toni Chaves, dejaron en claro también la preocupación del sector por el impacto que pueda tener en los turistas al incluir a los conductores de los carritos de golf, lo cual puede afectar también la imagen del destino al generar una mala experiencia de viaje.
Además, advierten un daño a la economía del sector restaurantero por el miedo de los comensales de consumir bebidas alcohólicas y ser presas de actos de corrupción, luego de que la Canirac Quintana Roo y las compañías de valet parking implementaran programas de capacitación para realizar los programas de mesero inteligente, taxi seguro y conductor designado.
Por ello, piden poner en la congeladora la iniciativa mientras es revisada bajo la figura de Parlamento Abierto, ya que no contiene cifras que sustenten la medida, pues de los dos mil detenidos en 2022 relacionados con el consumo de alcohol, sólo 63 fueron por conducir en estado de ebriedad y el resto corresponden a riñas en la vía pública o violencia intrafamiliar, entre otros temas.
Tras reiterar que su objetivo es ayudar y ser corresponsables con la autoridad, coincidieron en que antes de pensar en sancionar con hasta cuatro años de cárcel a las personas en lugar de una multa y 36 horas de arresto, se debe trabajar en otros temas para inhibir el consumo de alcohol, como frenar la proliferación de expendios de bebidas alcohólicas, dentro de lo cual ejemplificaron la supermanzana 259, donde hay más de 45 puntos de venta.
