Tres ex funcionarios de los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (Sesa) fueron vinculados a proceso, acusados de haber entregado 30 millones de pesos a una empresa privada por un servicio que jamás se otorgó.
De acuerdo con la información recabada, se trata de Juan Ortegón Pacheco, ex director de Sesa, hasta el año 2016; Raúl Aguilar Laguardia, ex director Administrativo; y Jesús Raúl Mezquita Mayora, quien fungió como subdirector de Recursos Materiales en esa dependencia estatal.
La audiencia ante el juez ocurrió el pasado 10 de diciembre, con una duración de más de 14 horas.
En dicha audiencia, el juez de control encontró indicios suficientes sobre la probable responsabilidad de los ex servidores públicos en hechos que suponen el delito de peculado en agravio de los Servicios Estatales de Salud, un organismo del Estado encargado de manejar los recursos federales que se transfieren a Quintana Roo.
Los hechos, apuntan las investigaciones, ocurrieron en el año 2015 cuando el organismo pagó un servicio “ficticio”, es decir, no fue prestado.
Según los datos obtenidos, se ordenó el embargo de cuentas bancarias y de otros bienes, además se les ordenó acudir a firmar cada 30 días ante el Juzgado y no salir del país.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá 4 meses para cerrar la investigación que inició.
Este hecho corresponde a las primeras denuncias penales que fueron presentadas en Quintana Roo en contra de ex funcionarios, tras el cambio de administración estatal.
De hecho la carpeta de investigación que fue judicializada corresponde a la FGE/QR/OPB/12/1394/2017, abierta en una primera instancia por la Fiscalía General del Estado, previo a la existencia de la Fiscalía Anticorrupción.
En su oportunidad, el Congreso de Quintana Roo ordenó a la Auditoría Superior del Estado una revisión adicional a las cuentas públicas de diversos organismos, entre ellos los Servicios Estatales de Salud.
Al final, la auditoría encabezada actualmente por Manuel Palacios Herrera encontró como resultado, presuntos y perjuicios “al patrimonio del Ente por el orden de 347.5 millones de pesos”, que derivaron posteriormente en diversas denuncias penales.
